La causa que intenta determinar quiénes son los verdaderos propietarios de la lujosa quinta ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar (sospechada de estar vinculada a la conducción de la AFA) volvió a cambiar de juzgado. Según reveló el diario La Nación, la Cámara Federal de San Martín resolvió que el expediente por presunto lavado de dinero deje el fuero Penal Económico y pase a tramitar en la Justicia Federal de Campana.
La decisión fue adoptada por el camarista Alberto Lugones, presidente de la Sala II, quien ordenó que la investigación quede a cargo del juez Adrián González Charvay. Hasta ahora, el expediente estaba en manos de Marcelo Aguinsky.
El conflicto se originó a partir de un planteo de inhibitoria presentado por los dueños formales del inmueble (el monotributista Luciano Pantano y su madre, la jubilada Ana Conte) señalados por la Justicia como presuntos testaferros. La defensa sostuvo que la causa debía tramitar en Campana por una cuestión territorial y de “juez natural”, argumento que fue aceptado por González Charvay, quien reclamó el expediente.
Aguinsky rechazó apartarse del caso y defendió la competencia de su juzgado, al señalar que el eje de la investigación era la AFA, cuya sede histórica se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires, a escasa distancia de su tribunal. Sin embargo, Lugones terminó inclinándose por el criterio territorial y resolvió que la investigación continúe en Campana.
En su fallo, el camarista también destacó que la AFA habría declarado en noviembre de 2024 un cambio de domicilio a una dirección de Pilar, aunque el titular de la Inspección General de Justicia, Daniel Vítolo, aclaró que esa modificación no fue convalidada por el organismo de control.
La causa tuvo ya varios traslados. En un primer momento tramitó en Comodoro Py, bajo la órbita del juez Daniel Rafecas, quien se declaró incompetente. Luego pasó al fuero Penal Económico por orden del camarista Leopoldo Bruglia, y ahora quedó radicada en Campana.
Antes de ser desplazado, Aguinsky había impulsado medidas relevantes, centradas en una llamativa colección de vehículos de alta gama hallados en la quinta. Según reconstruyó la investigación, surgieron inconsistencias en la compra de al menos uno de esos autos (un Porsche valuado en casi 500 millones de pesos) que no habría podido ser adquirido con fondos provenientes de la cuenta de la sociedad Real Central, titular formal del predio.
También se detectó que los seguros de toda la flota se abonaban en efectivo y que los peajes de los vehículos se pagaban con una tarjeta corporativa de la AFA emitida a nombre de Pantano. Ante esa situación, el juez ordenó suspender los débitos y pidió información a la empresa emisora, al advertir que también se utilizaba para pagar servicios de domicilios ajenos a la actividad de la entidad.
La investigación apunta a determinar el origen de los fondos que financiaron la compra de la quinta y sus lujosas prestaciones (como quincho y helipuerto), bajo la sospecha de que los bienes no pertenecen realmente a Pantano ni a su madre, quien incluso percibió durante la pandemia el Ingreso Familiar de Emergencia. Con el cambio de juzgado, la causa ingresa ahora en una nueva etapa.